Ricardo Martínez Platel. Madrid
El Pleno del Congreso de los Diputados ha rechazado una proposición de ley del PSOE, para la creación de una ley estatal de muerte digna o reguladora de los derechos de la persona ante el proceso final de su vida. El portavoz socialista en materia sanitaria, José Martínez Olmos, ha sido el responsable de defender dicha iniciativa, que tenía como objetivo la "protección de la dignidad de las personas enfermas que se encuentran en fase terminal", y dar “seguridad jurídica a los profesionales”.

José Martínez Olmos, durante su intervención en el Congreso.

Según Martínez Olmos, se trata de “una necesidad que permite asegurar nuevos derechos a los ciudadanos” y que debido a que no existe una normativa generalizada, “no se ofrece en igualdad de condiciones en todo el territorio”. Hay que recordar que esta iniciativa es de uno de los objetivos que tenía marcados el PSOE en la anterior legislatura y que, por el adelanto de las elecciones, no le dio tiempo a presentar.

En cuanto al objeto de la ley, Martínez Olmos ha detallado que buscaba ocuparse del proceso del final de la vida, concebido como un final próximo e irreversible, eventualmente doloroso y lesivo de la dignidad de quien lo padece, para, en la medida de lo posible, aliviarlo en su transcurrir, con respeto a la autonomía, integridad física e intimidad personal de la persona y ha aclarado que no pretendía abordar la eutanasia.

Derecho a la información asistencial

Igualmente, garantizaba una serie de derechos, como el derecho a la información asistencial, el derecho a la toma de decisiones, el derecho al tratamiento del dolor, al acompañamiento y a la intimidad, además de establecer que toda persona mayor de edad y con plena capacidad pueda manifestar anticipadamente su voluntad sobre los cuidados y el tratamiento asistencial que desea recibir en el proceso final de su vida, mediante un Documento de Instrucciones Previas.

El popular Santiago Cervera ha asegurado que, pese a reconocer que “es un tema complejo y sensible, debido a las nuevas disyuntivas bioéticas surgidas por el avance de la Medicina”, la propuesta socialista “no aporta nada nuevo que no esté ya en el ordenamiento jurídico”. En este sentido ha coincidido Conxita Tarruella, portavoz de CiU, que ha calificado la propuesta de “inncesaria, porque ya existe legislación suficiente que regula estos aspectos e invade competencias de las comunidades autónomas”. Para Tarruella, “con la correcta aplicación de la Ley de Autonomía del Paciente son derechos ya garantizados”. A pesar de los votos en contra de PP, CiU y la abstención del PNV, la iniciativa socialista ha contado con el apoyo del Grupo Mixto, UPyD, ERC e Izquierda Plural, aunque Gaspar Llamazares ha calificado la propuesta de “acto fallido”, porque a su juicio, “la eutanasia era la conclusión lógica de la ley y ni siquiera la aborda”.